El 5 de febrero es una fecha para recordar que la Constitución no pertenece a ningún partido, sino a todos los mexicanos. Es el pilar de nuestra democracia y el fundamento de nuestras instituciones. Sin embargo, el gobierno de Morena ha dejado claro, una vez más, que no le interesa respetar estos principios.
Lejos de defender la división de poderes, han optado por desmantelar la Carta Magna, doblegar al Poder Judicial y debilitar las instituciones que garantizan el equilibrio democrático. La exclusión de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, de la conmemoración del 108 aniversario de la Constitución, no es un simple desaire protocolario. Es una afrenta a la independencia del Poder Judicial y una prueba más del afán de Morena por concentrar todo el poder en el Ejecutivo.
Nunca en la historia moderna de México se había visto un intento tan descarado de invisibilizar y someter a la Suprema Corte. El mensaje es claro: Morena no tolera contrapesos ni instituciones que puedan frenar su agenda autoritaria. Buscan reducir el Poder Judicial a la sombra del Ejecutivo y el Legislativo, que hoy funcionan como un mismo bloque, eliminando cualquier espacio para el disenso y la legalidad.
Este no es un gobierno democrático, es un régimen que ataca la Constitución cuando le estorba, que ignora la división de poderes cuando no le conviene y que pisotea los principios republicanos para imponer su voluntad.
México enfrenta una encrucijada. O defendemos nuestra Constitución y el Estado de derecho, o permitimos que Morena siga destruyéndolos sin resistencia.