México perdió una controversia en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) relacionada con su prohibición al maíz genéticamente modificado para consumo humano. Un panel arbitral determinó que las medidas mexicanas carecían de fundamento científico y contravenían las disposiciones del tratado. En consecuencia, el país tiene 45 días para eliminar las restricciones y evitar posibles sanciones comerciales.
La disputa comenzó en 2020, cuando el gobierno mexicano emitió un decreto prohibiendo el maíz transgénico argumentando la protección de la biodiversidad y la salud pública. A pesar de una modificación en 2023 que limitó la prohibición a su uso en tortillas y masa, Estados Unidos y Canadá consideraron que estas medidas perjudicaban sus exportaciones agrícolas.
El panel concluyó que las restricciones no cumplían con estándares científicos ni con los procedimientos requeridos por el tratado, como realizar evaluaciones de riesgo y permitir comentarios de las otras partes. Esta resolución asegura el acceso de los productores estadounidenses al mercado mexicano, reafirmando la importancia de la biotecnología agrícola en el comercio regional.
Por su parte, el gobierno mexicano, aunque mostró desacuerdo con la decisión, indicó que respetará el fallo. Sin embargo, ha reiterado su compromiso con la protección de su biodiversidad y la promoción del consumo de maíz blanco no transgénico, señalando que buscará reflejar estos principios en su marco constitucional.
El comercio de maíz es crucial para México y Estados Unidos. En 2023, México fue el mayor comprador de maíz estadounidense, con adquisiciones que superaron los 24 millones de toneladas, en su mayoría destinadas al forraje. Las exportaciones de maíz a México representan una parte significativa del comercio agrícola entre ambos países.
La resolución del panel busca preservar la estabilidad en las relaciones comerciales de la región y garantizar que las políticas de los países miembros del T-MEC se alineen con sus compromisos internacionales. México enfrenta ahora el reto de adaptar sus políticas sin perder de vista sus objetivos en biodiversidad y salud pública.