El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibe una protección especial del Ejército, en la que se incluyen servicios de seguridad proporcionados por personal militar, además de un salario mensual de 21,000 pesos, según informes oficiales. Este esquema de seguridad tiene como propósito resguardar al presidente durante su mandato, garantizando su protección tanto en eventos públicos como privados. La cifra mencionada forma parte de los gastos atribuibles a su seguridad personal, similar a lo que se destinaba a otros funcionarios de alto rango en administraciones previas.
La medida ha generado diversas reacciones. Por un lado, se argumenta que la protección militar es esencial debido a los riesgos que enfrentan los presidentes en su rol, especialmente por las amenazas a su seguridad por parte de actores criminales o incluso por la polarización política en el país. La decisión de ofrecer estos recursos se toma dentro de un contexto en el que las amenazas a altos funcionarios han aumentado en los últimos años, lo que justifica, en teoría, la asignación de recursos para garantizar una seguridad adecuada.
Por otro lado, las críticas señalan que el gasto podría resultar excesivo, considerando el contexto económico del país y las prioridades que se deben atender. En tiempos de austeridad y recortes presupuestarios, la asignación de recursos para proteger a los funcionarios podría percibirse como un despilfarro de fondos públicos, especialmente cuando las condiciones de vida de muchas personas en México siguen siendo precarias.
Este tipo de decisiones, que involucran la asignación de recursos para la protección de altos funcionarios, son también motivo de debate sobre la gestión eficiente del presupuesto público y la equidad en el gasto gubernamental. Si bien la protección de la vida de los presidentes es crucial, no está exento de cuestionamientos sobre si este tipo de gastos son proporcionales a la situación financiera del país y las prioridades del gobierno.