“Durante décadas, los gobiernos del PRIAN fueron cómplices e indiferentes ante la desaparición de personas. Con la reforma a la Ley de Búsqueda fortalecemos las capacidades institucionales, tecnológicas y de coordinación en la búsqueda de personas desaparecidas”, afirmó el senador José Ramón Gómez Leal, en un mensaje difundido a través de sus plataformas, entre ellas TikTok y Facebook.
El pasado sin juicio
La magnitud de la crisis de las desapariciones en México ha sido documentada por diversas fuentes: más de 129,000 personas fueron reportadas como desaparecidas —y de ellas más de 72,000 cuerpos están sin identificar
Lejos de ser un tema nuevo, este fenómeno ha sido reconocido desde al menos 2017, con la promulgación de la primera Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Pese a ello, los gobiernos anteriores —bajo la bandera del PRI y el PAN— mantuvieron una postura de omisión sistemática y complicidad institucional, incapaces de revertir este patrón de desaparición forzada.
Reforma integral y modernización tecnológica
La nueva reforma, aprobada recientemente por el Senado, propone:
• La creación de una Plataforma Única de Identidad, que incorpora datos biométricos (fotografía, huellas) junto con la CURP, disponible en tiempo real para autoridades y colectivos.
• La apertura inmediata de carpetas de investigación, eliminando la espera de 72 horas para iniciar la búsqueda.
• La implementación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y un Banco Nacional de Datos Forenses, integrados con la Plataforma, con acceso obligatorio e interconectado real-time.
• Sanciones económicas (de 1 a 2 millones de pesos) para quienes retarden o nieguen datos relevantes para las pesquisas.
Coordinación y diálogo… pero, ¿suficiente?
Gómez Leal ha insistido en la importancia de una coordinación interinstitucional eficaz que haga frente a una crisis que sigue dejando un promedio de 40 personas desaparecidas cada día. Su llamado es por un compromiso real de la federación, los estados y los municipios para actuar sin dilación.
Sin embargo, voces de colectivos de familiares critican que estos cambios no van lo suficientemente lejos. Más de 100 organizaciones han rechazado la reforma, advirtiendo que la integración biométrica podría convertirse en un sistema de vigilancia masiva, y que no se fortalecen suficientemente las comisiones de búsqueda ni se combate la crisis forense.
Otros colectivos subrayan que apenas se están considerando una fracción de las reformas necesarias: “apenas es el uno por ciento de lo que se tendría que modificar” en la actual legislación.
La voz del senador
En su TikTok, Gómez Leal recordó que la búsqueda debe sustentarse en:
• “Capacidades institucionales robustas”, desde las fiscalías hasta la Comisión Nacional de Búsqueda.
• Tecnología de punta: datos biométricos, plataformas en tiempo real, inteligencia forense.
• Coordinación continua: estado, municipios, colectivos, sociedad civil y —no menos importante— la participación de las familias.
Insistió en que la indiferencia de ayer —la inacción del PRIAN— no puede repetirse. Hoy, dijo, «no se trata solo de leyes, sino de herramientas al servicio de quienes aún esperan respuestas».
Reflexión final
La reforma representa un avance institucional importante: establecen bases jurídicas para el uso de tecnología, intercambio de datos y sanciones que podrían agilizar la búsqueda de desaparecidos. Pero la crítica de colectivos es clara: sin un enfoque proactivo y respeto a los derechos de las víctimas, la Ley corre el riesgo de ser un buen diseño sin músculo real.
El reto, concluye Gómez Leal, es convertir esas reformas en un modelo funcional que demuestre en la práctica que el Estado está dispuesto a buscar, encontrar y hacer justicia por quienes siguen desaparecidos. La historia, dijo, no nos absolverá otra vez.
